Una de las prioridades de esta red de investigación es elaborar una base de datos en el que se recojan las variables más relevantes de este campo y se estudie su aplicabilidad en el análisis institucional a nivel regional. Para llevar a cabo esta labor de cuantificación de costes de transacción tendremos en cuenta los diferentes métodos que están surgiendo en los últimos años. Desde el pionero de medición del Sector de transacciones (Wallis y North, 1986), hasta las medidas del sector informal de la economía propuesto por Hernando de Soto (1987). También utilizaremos la valiosa información que está recopilando el Banco Mundial a través de su Proyecto Doing Business, un proyecto que intenta construir índices sobre la calidad institucional y que analiza ya la atractiva cifra de 181 países. Esta importante base de datos puede convertirse en un benchmark a tener en cuenta en este proyecto.
Al mismo tiempo, encontramos otro campo de investigación en el estudio del sistema jurídico –el derecho contractual, o el derecho de daños, por ejemplo- como parte del entramado institucional conducente a la reducción de tales costes. Este tipo de estudios tienen como objetivo medir la eficiencia de estas normas, es decir, ver si como resultado de su aplicación se llega a una situación similar a la que hubieran conseguido las partes implicadas si su negociación se hubiera llevado a cabo en un mercado en ausencia de costes de transacción (una situación eficiente según el Teorema de Coase).
Por último, a caballo entre el análisis económico del derecho que acabamos de describir y la Public Choice, se analizarán los efectos que sobre la regulación poseen los grupos de presión. Es frecuente que la ley no se ajuste a criterios económicos como la eficiencia, es más, el análisis de la regulación arroja muchos ejemplos sobre determinadas normas que lejos de aumentar la eficiencia la reducen drásticamente. Las prácticas proteccionistas son buenos ejemplos de regulación que se ha demostrado absolutamente ineficiente. Su naturaleza, por tanto, no es tanto económica como política. Detrás de estas regulaciones están grupos de presión altamente organizados que utilizan su influencia y dinero para obtener rentas monopolísticas. En nuestros objetivos está llevar a cabo un análisis exhaustivo del poder de estos grupos y, en la medida de lo posible, cuantificar las ganancias de su acción política y las pérdidas para el resto de la sociedad.
Con el ánimo de llenar de contenido empírico esta línea de investigación teórica, en una primera aproximación a este análisis económico del sistema político pretendemos utilizar la metodología que se está llevando acabo en la construcción de “índices de libertad”. El más completo de ellos –el elaborado por la Heritage Foundation, incluye determinados aspectos como la libertad comercial, libertad frente al gasto gubernamental, libertad frente a la corrupción, etc. que pueden darnos idea del poder efectivo de los grupos de presión para hacer valer sus intereses. También los índices de Corrupción de la organización “Transparencia Internacional” nos servirán de guía para nuestro futuro trabajo.
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